Derecho a la intimidad del lesionado frente al perito médico

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Nos hacemos eco de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora demandada concluyendo que la misma debe indemnizar a la actora por las lesiones, secuelas, gastos médicos y farmacológicos derivados del siniestro acaecido. Hablamos del derecho a la intimidad del lesionado.

Resumen

Derecho fundamental a la intimidad.  La autora del informe pericial presentado por la aseguradora demandada actuaba como facultativa de la lesionada y como perito de la entidad aseguradora que declaró en contra de los intereses de la demandante, suponiendo tal circunstancia un quebranto del derecho fundamental a la intimidad, pues, confiando la demandante la curación de sus lesiones a una determinada profesional de la medicina, la intervención posterior de la misma como perito de la parte contraria, entraña una actuación desleal para con la paciente, y viola el deber de secreto profesional, al revelar a la aseguradora demandada los datos médicos de la paciente, que son datos personales que no deben ser revelados a particulares. Por tanto, debe tenerse en cuenta el informe pericial presentado por la demandante, quedando acreditado los días de incapacidad temporal, la secuela, así como, los gastos médicos y farmacológicos por los cuales debe la lesionada ser indemnizada (FJ 4).

Fundamentos del derecho

Recordemos que esta parte impugnó en la audiencia previa – y así se ha valorado en sentencia – el informe pericial médico presentado de contrario por la recurrente, ya que su admisión produciría infracción de normas o garantías procesales que vulneran el artículo 18 de la Constitución , así como del secreto profesional de los médicos, habida cuenta que la perito de la Compañía aseguradora realizó el seguimiento de las lesiones de la actora llevando a cabo actos asistenciales, pruebas médicas y remisión a otros especialistas, actuando como médico de la lesionada, y utilizando los datos médicos obtenidos de la paciente sobre su salud para, sin su consentimiento, llevar a cabo la realización de un informe pericial al servicio de la parte demandada.

Así se quebrantaría el artículo 287 de la LEC, así como la jurisprudencia constitucional conforme a la cual “los medios de prueba no pueden hacerse valer, ni pueden ser admitidos, si se han obtenido con violación de los derechos fundamentales“. Pero además, al ser impugnado el informe en dicho momento procesal, podía haber interesado la hoy recurrente la práctica de cualquier prueba a fin de contradecir el informe de esta parte y soslayar la hipotética nulidad y no valoración como prueba del informe impugnado.

Por tanto la situación creada no se debe más que a la propia inactividad de la recurrente, que continúa en esa misma línea en este momento procesal. Por otro lado es falsa la manifestación categórica plasmada en el recurso de que Doña. Valentina contaba con la autorización expresa de la lesionada para la emisión del dictamen pericial aportado, pues, como acertadamente expone el Juez, la entidad demandada no ha aportado a los autos la autorización procedente de la lesionada, cuyo interrogatorio podía haber solicitado constándole la impugnación del referido informe.

Credibilidad del informe pericial

No cabe pues más glosa o impugnación del correlativo que por su temeridad debe decaer. Tal es así que el Juez de instancia, en uso de las facultades que la Ley le concede sobre la valoración conjunta de la prueba, ha optado por conceder más credibilidad científica al informe pericial de esta parte por los motivos que en la fundamentación jurídica de la sentencia se expresan.

Pero es más, en este primer apartado impugnatorio no se expresa de contrario el error en la valoración de la prueba en que ha incurrido el Juez según el criterio de la recurrente, y sin que la simple inconveniencia en el resultado de la sentencia justifique la revocación de la resolución impugnada. Finalmente, en lo relativo a los intereses del artículo 20 de la LCS y su aplicación por el juzgador, se hace evidente que en modo alguno desvirtúa el aserto impugnatorio la acertada resolución del Juez, por lo que la condena a tales intereses está más que justificada y razonada por el Juez de instancia, Por ello este motivo ha de ser desestimado también y con ello el recurso, y confirmada la resolución impugnada, siendo de aplicación el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de costas.

CUARTO.- ….Se opone también al importe reclamado en concepto de gastos por tratamiento médico y farmacológico alegando que no se acredita de contrario que dichos gastos correspondan al tratamiento necesario para la estabilización del esguince cervical, cuya curación se habría producido, según su perito , el 21 de septiembre de 2006, no siendo pues necesarias las sesiones de rehabilitación y fisioterapia fechadas posteriormente. Conforme a la pericial médica aportada por la demandante, a consecuencia del accidente la Sra. Felisa, necesitó para la estabilización de sus lesiones un total 311 días de los cuales los primeros 111 fueron impeditivos y los 200 restantes de carácter no impeditivo, quedándole como secuelas un síndrome postraumático cervical y un cuadro clínico por protusión discal sin operar.

Bajo este prisma razona el juzgador que Doña. Valentina, autora del informe pericial de la entidad demandada, fue quien exploró a la demandante hasta cuatro veces, quien le prescribió sesiones de rehabilitación e, incluso, quien le dio el alta médica , y actuando como tal facultativo encargado de la curación no consta en cambio que esté autorizada por su paciente, aunque la representación de la demandada lo afirme sin aportar a los autos la preceptiva autorización de la lesionada, por lo que ha de presumirse que la actora ignoraba que su médico actuaría posteriormente como perito de la entidad por ella demandada en el juicio, declarando en contra de los intereses de la actora.

Quebranto del derecho fundamental a la intimidad

Ello supone un quebranto del derecho fundamental a la intimidad, pues, confiando la demandante la curación de sus lesiones a una determinada profesional de la medicina, la intervención posterior de la misma como perito de la parte contraria, entraña una actuación desleal para con la paciente, y viola el deber de secreto profesional, al revelar a la aseguradora demandada los datos médicos de la paciente, que son datos personales que no deben ser revelados a particulares. Así el artículo 18.1 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que en todos los procedimientos judiciales se respetarán las reglas de la buena fe y no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales; y los artículos 14 y 41.3 del Código de Ética y Deontología Médica se pronuncian de forma más concreta en ese mismo sentido llegando a establecer que la actuación como peritos o médicos inspectores es incompatible con la asistencia médica al paciente sobre el que se informa.

En principio, pues, se habría practicado una prueba con vulneración de un derecho fundamental, lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la LEC, debería haber motivado la tramitación en la instancia de un incidente para la declaración de ilicitud de la prueba; y, no siendo posible ahora, se torna no obstante en argumento a favor de la apreciación probatoria realizada por el Juez “a quo”.

En este sentido indica el juzgador que fija en 111 días impeditivos y otros 200 no impeditivos, los días de incapacidad temporal, pues se encuentran debidamente documentados en las consultas de la actora a su médico de cabecera, traumatólogo y en la realización de sesiones de rehabilitación que integran el anexo del informe del Dr. Indalecio, perito de la demandante, y reflejan que en la fecha indicada en el informe pericial aportado por la demandada la Sra. Felisa se encontraba en periodo de curación y, por tanto, las secuelas no se habían fijado.

Precisamente del informe pericial de la actora se deduce que, tras el alta, queda la protusión discal sin operar, que se valora por el perito en seis puntos, y también un síndrome postraumático cervical que se valora en cuatro puntos; lo que el Juez estima ajustado “atendiendo la sintomatología que aún padece la actora”, y a que el Dr. Indalecio informa que la discopatía degenerativa apreciada en la RMN cervical efectuada nada tiene que ver con la protusión descubierta y que tuvo su causa en el accidente, mientras que Doña. Valentina declaró que “no estaba segura” sobre que la protusión fuese traumática, ni sobre que tuviese relación con la discopatía degenerativa. Debe confirmase, en consecuencia la sentencia recurrida en este punto.

Y también en lo que dispone sobre los gastos de tratamiento médico ya que las sesiones de rehabilitación (incluida la natación) se encuentran comprendidas en el periodo que trascurre desde la fecha del accidente hasta la fecha en que estabilizan las lesiones de la actora, es decir el 9 de abril de 2007; y el descuento que realiza del importe de los recibos de la piscina y de una sesión de fisioterapia correspondientes al mes de mayo de ese año ha de mantenerse ya que la demandante ha tomado la cualidad de apelada conformándose con dicho pronunciamiento.

Le invitamos a ahondar también en el concepto de nexo causal.


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