Portada ¬Ľ Blog ¬Ľ Perito medico ¬Ľ Derecho a la intimidad del lesionado frente al perito m√©dico

Nos hacemos eco de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora demandada concluyendo que la misma debe indemnizar a la actora por las lesiones, secuelas, gastos médicos y farmacológicos derivados del siniestro acaecido. Hablamos del derecho a la intimidad del lesionado.

Resumen

Derecho fundamental a la intimidad. ¬†La autora del informe pericial presentado por la aseguradora demandada actuaba como facultativa de la lesionada y como¬†perito¬†de la entidad aseguradora que declar√≥ en contra de los intereses de la demandante, suponiendo tal circunstancia un quebranto del derecho fundamental a la intimidad, pues, confiando la demandante la curaci√≥n de sus lesiones a una determinada profesional de la medicina, la intervenci√≥n posterior de la misma como perito¬†de la parte contraria, entra√Īa una actuaci√≥n desleal para con la paciente, y viola el deber de secreto profesional, al revelar a la aseguradora demandada los datos¬†m√©dicos¬†de la paciente, que son datos personales que no deben ser revelados a particulares. Por tanto, debe tenerse en cuenta el informe pericial presentado por la demandante, quedando acreditado los d√≠as de incapacidad temporal, la secuela, as√≠ como, los gastos¬†m√©dicos¬†y farmacol√≥gicos por los cuales debe la lesionada ser indemnizada (FJ 4).

Fundamentos del derecho

Recordemos que esta parte impugn√≥ en la audiencia previa – y as√≠ se ha valorado en sentencia – el informe pericial m√©dico presentado de contrario por la recurrente, ya que su admisi√≥n producir√≠a infracci√≥n de normas o garant√≠as procesales que vulneran el art√≠culo 18 de la Constituci√≥n¬†, as√≠ como del secreto profesional de los m√©dicos, habida cuenta que la¬†perito¬†de la Compa√Ī√≠a aseguradora realiz√≥ el seguimiento de las lesiones de la actora llevando a cabo actos asistenciales, pruebas¬†m√©dicas¬†y remisi√≥n a otros especialistas, actuando como¬†m√©dico¬†de la lesionada, y utilizando los datos¬†m√©dicos¬†obtenidos de la paciente sobre su salud para, sin su consentimiento, llevar a cabo la realizaci√≥n de un informe pericial al servicio de la parte demandada.

As√≠ se quebrantar√≠a el art√≠culo 287 de la LEC, as√≠ como la jurisprudencia constitucional conforme a la cual “los medios de prueba no pueden hacerse valer, ni pueden ser admitidos, si se han obtenido con violaci√≥n de los derechos fundamentales“. Pero adem√°s, al ser impugnado el informe en dicho momento procesal, pod√≠a haber interesado la hoy recurrente la pr√°ctica de cualquier prueba a fin de contradecir el informe de esta parte y soslayar la hipot√©tica nulidad y no valoraci√≥n como prueba del informe impugnado.

Por tanto la situaci√≥n creada no se debe m√°s que a la propia inactividad de la recurrente, que contin√ļa en esa misma l√≠nea en este momento procesal. Por otro lado es falsa la manifestaci√≥n categ√≥rica plasmada en el recurso de que Do√Īa. Valentina contaba con la autorizaci√≥n expresa de la lesionada para la emisi√≥n del dictamen pericial aportado, pues, como acertadamente expone el Juez, la entidad demandada no ha aportado a los autos la autorizaci√≥n procedente de la lesionada, cuyo interrogatorio pod√≠a haber solicitado const√°ndole la impugnaci√≥n del referido informe.

Credibilidad del informe pericial

No cabe pues más glosa o impugnación del correlativo que por su temeridad debe decaer. Tal es así que el Juez de instancia, en uso de las facultades que la Ley le concede sobre la valoración conjunta de la prueba, ha optado por conceder más credibilidad científica al informe pericial de esta parte por los motivos que en la fundamentación jurídica de la sentencia se expresan.

Pero es m√°s, en este primer apartado impugnatorio no se expresa de contrario el error en la valoraci√≥n de la prueba en que ha incurrido el Juez seg√ļn el criterio de la recurrente, y sin que la simple inconveniencia en el resultado de la sentencia justifique la revocaci√≥n de la resoluci√≥n impugnada. Finalmente, en lo relativo a los intereses del art√≠culo 20 de la LCS¬†y su aplicaci√≥n por el juzgador, se hace evidente que en modo alguno desvirt√ļa el aserto impugnatorio la acertada resoluci√≥n del Juez, por lo que la condena a tales intereses est√° m√°s que justificada y razonada por el Juez de instancia, Por ello este motivo ha de ser desestimado tambi√©n y con ello el recurso, y confirmada la resoluci√≥n impugnada, siendo de aplicaci√≥n el art√≠culo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil¬†en materia de costas.

CUARTO.- ‚Ķ.Se opone tambi√©n al importe reclamado en concepto de gastos por tratamiento¬†m√©dico¬†y farmacol√≥gico alegando que no se acredita de contrario que dichos gastos correspondan al tratamiento necesario para la estabilizaci√≥n del esguince cervical, cuya curaci√≥n se habr√≠a producido, seg√ļn su¬†perito¬†, el 21 de septiembre de 2006, no siendo pues necesarias las sesiones de rehabilitaci√≥n y fisioterapia fechadas posteriormente.¬†Conforme a la pericial¬†m√©dica¬†aportada por la demandante, a consecuencia del accidente la Sra. Felisa, necesit√≥ para la estabilizaci√≥n de sus lesiones un total 311 d√≠as de los cuales los primeros 111 fueron impeditivos y los 200 restantes de car√°cter no impeditivo, qued√°ndole como secuelas un s√≠ndrome postraum√°tico cervical y un cuadro cl√≠nico por protusi√≥n discal sin operar.

Bajo este prisma razona el juzgador que Do√Īa. Valentina, autora del informe pericial de la entidad demandada, fue quien explor√≥ a la demandante hasta cuatro veces, quien le prescribi√≥ sesiones de rehabilitaci√≥n e, incluso, quien le dio el alta¬†m√©dica¬†, y actuando como tal facultativo encargado de la curaci√≥n no consta en cambio que est√© autorizada por su paciente, aunque la representaci√≥n de la demandada lo afirme sin aportar a los autos la preceptiva autorizaci√≥n de la lesionada, por lo que ha de presumirse que la actora ignoraba que su m√©dico¬†actuar√≠a posteriormente como¬†perito¬†de la entidad por ella demandada en el juicio, declarando en contra de los intereses de la actora.

Quebranto del derecho fundamental a la intimidad

Ello supone un quebranto del derecho fundamental a la intimidad, pues, confiando la demandante la curaci√≥n de sus lesiones a una determinada profesional de la medicina, la intervenci√≥n posterior de la misma como¬†perito¬†de la parte contraria, entra√Īa una actuaci√≥n desleal para con la paciente, y viola el deber de secreto profesional, al revelar a la aseguradora demandada los datos¬†m√©dicos¬†de la paciente, que son datos personales que no deben ser revelados a particulares. As√≠ el art√≠culo 18.1 de la Constituci√≥n¬†garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, el art√≠culo 11.1 de la Ley Org√°nica del Poder Judicial¬†dispone que en todos los procedimientos judiciales se respetar√°n las reglas de la buena fe y no surtir√°n efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales; y los art√≠culos 14 y 41.3 del C√≥digo de √Čtica y Deontolog√≠a¬†M√©dica¬†se pronuncian de forma m√°s concreta en ese mismo sentido llegando a establecer que la actuaci√≥n como¬†peritos¬†o¬†m√©dicos¬†inspectores es incompatible con la asistencia¬†m√©dica¬†al paciente sobre el que se informa.

En principio, pues, se habr√≠a practicado una prueba con vulneraci√≥n de un derecho fundamental, lo que, de conformidad con lo establecido en el art√≠culo 287 de la LEC, deber√≠a haber motivado la tramitaci√≥n en la instancia de un incidente para la declaraci√≥n de ilicitud de la prueba; y, no siendo posible ahora, se torna no obstante en argumento a favor de la apreciaci√≥n probatoria realizada por el Juez “a quo”.

En este sentido indica el juzgador que fija en 111 días impeditivos y otros 200 no impeditivos, los días de incapacidad temporal, pues se encuentran debidamente documentados en las consultas de la actora a su médico de cabecera, traumatólogo y en la realización de sesiones de rehabilitación que integran el anexo del informe del Dr. Indalecio, perito de la demandante, y reflejan que en la fecha indicada en el informe pericial aportado por la demandada la Sra. Felisa se encontraba en periodo de curación y, por tanto, las secuelas no se habían fijado.

Precisamente del informe pericial de la actora se deduce que, tras el alta, queda la protusi√≥n discal sin operar, que se valora por el¬†perito¬†en seis puntos, y tambi√©n un s√≠ndrome postraum√°tico cervical que se valora en cuatro puntos; lo que el Juez estima ajustado “atendiendo la sintomatolog√≠a que a√ļn padece la actora”, y a que el Dr. Indalecio informa que la discopat√≠a degenerativa apreciada en la RMN cervical efectuada nada tiene que ver con la protusi√≥n descubierta y que tuvo su causa en el accidente, mientras que Do√Īa. Valentina declar√≥ que “no estaba segura” sobre que la protusi√≥n fuese traum√°tica, ni sobre que tuviese relaci√≥n con la discopat√≠a degenerativa.¬†Debe confirmase, en consecuencia la sentencia recurrida en este punto.

Y tambi√©n en lo que dispone sobre los gastos de tratamiento¬†m√©dico¬†ya que las sesiones de rehabilitaci√≥n (incluida la nataci√≥n) se encuentran comprendidas en el periodo que trascurre desde la fecha del accidente hasta la fecha en que estabilizan las lesiones de la actora, es decir el 9 de abril de 2007; y el descuento que realiza del importe de los recibos de la piscina y de una sesi√≥n de fisioterapia correspondientes al mes de mayo de ese a√Īo ha de mantenerse ya que la demandante ha tomado la cualidad de apelada conform√°ndose con dicho pronunciamiento.

Le invitamos a ahondar también en el concepto de nexo causal.


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