Perito médico del lesionado vence al médico forense

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Analizamos una interesante sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Jaén, año 2013, por la que podemos tomar conciencia de la importancia de realizar una brillante pericial médica, con la que demostrar que los intereses del lesionado merecían una indemnización mayor a la que el Médico Forense del juzgado expresaba.

Y es que, la aplicación del Baremo de Accidentes es un acto de alta dificultad, donde el cliente debe estar defendido por los mejores peritos en valoración del daño corporal.

Resumen

Accidente de circulación. Indemnización por lesiones, secuelas, gastos médicos y de rehabilitación. La AP desestima el recurso de apelación interpuesto por las demandadas concluyendo que las mismas deben abonar de forma solidaria a la demandante la indemnización correspondiente a las lesiones, secuelas, gastos médicos y de rehabilitación que necesitó a consecuencia del siniestro.

El informe pericial a tener en cuenta es el presentado por la actora pues el perito que emitió el mencionado informe es el que siguió la evolución de la misma desde el principio, con lo que la valoración de la secuela funcional realizada es adecuada. Por otra parte, cuando los gastos médicos han sido necesarios y las consultas médicas en efecto realizadas, para poder alcanzar la estabilización de las lesiones, los mismos deben ser sufragados, ya que ningún precepto legal ni doctrina jurisprudencial exime a la aseguradora del pago de los gastos médicos y de rehabilitación que traigan causa en el accidente, ni autoriza esa interpretación de la cobertura del seguro (FJ 2).

Fundamentos del derecho

Primero.- Frente a la sentencia dictada en la instancia por la cual se estima íntegramente la demanda se alza la representación procesal de la parte demandada, alegando como motivos de impugnación la errónea valoración del “quantum” indemnizatorio conforme a la valoración de la prueba practicada, errónea aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que en modo alguno se justifica la reclamación que se pretende, insistiendo sobre que no existe nexo causal entre las lesiones y el accidente, considerando que la indemnización concedida en la sentencia es excesiva y que con el informe pericial de parte aportado no se justifican, sucediendo lo mismo respecto a los gastos médicos y de rehabilitación y errónea aplicación de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, por entender que nos encontramos ante un caso de controversia sobre la cuantía de la indemnización lo que justifica la exoneración de la aplicación de dichos intereses, ya que la perjudicada reclamó desde el primer momento por unos daños a priori desproporcionados, por lo que interesaba la revocación de la sentencia recurrida en los términos expuestos en el recurso.

Así pues, por las recurrentes se oponen a la sentencia de instancia en lo relativo a la responsabilidad civil concretándose en la disconformidad con las correspondientes cuantías indemnizatorias fijadas respecto a los días que tardó en curar, secuelas, gastos médicos y de rehabilitación e intereses impuestos, no siendo objeto de impugnación ni debate la imputación de responsabilidad de la demandada en la causación del accidente ni la mecánica del mismo.

Ciertamente, la sentencia de instancia, tras analizar los dos informes periciales obrantes en las actuaciones al respecto, uno aportado por la actora, emitido por el doctor Serafin, y el otro emitido por el doctor Marco Antonio, aportado por la compañía de Seguros demandada, llega a la conclusión de que las lesiones padecidas por la demandante y el periodo invertido para la obtención del alta médica son una realidad incontestable, considerando además que el tratamiento rehabilitador seguido fue necesario, estableciendo dicho periodo y valorando la secuela conforme lo detallado en el informe de D. Serafin aportado con la demanda, por ser este el único que exploró a la lesionada, prescribió el correspondiente tratamiento y realizó el seguimiento de la misma hasta la completa estabilización de las lesiones; frente al informe D. Marco Antonio, que se emitió en fecha muy posterior a la estabilización de las lesiones, y por quien ni tan siquiera exploró a la lesionada, sino que determinó los días en que pudo haber curado, basándose en la documentación médica y en protocolos médicos .

Al respecto, en efecto la Ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal que conoció de la causa, tiene facultades para sopesando unas y otras apreciar su resultado con la libertad de criterio que se le reconoce respecto a la prueba pericial ( sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2.001 y 16 de julio de 2.001 entre otras); debiendo precisarse que como señala el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica y que la fuerza probatoria de dichos dictámenes reside, esencialmente, no en sus afirmaciones, ni en la condición, categoría o número de sus autores, sino en su mayor o menor fundamentación y razón de esencia, debiendo tener por tanto como prevalentes en principio aquellas afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas de una mayor explicación racional.

El análisis detallado de los dos informes periciales aportados y como quiera que cada uno de ellos establece distintas valoraciones a la hora de presupuestar la reparación del daño causado, debe recordarse la constante y reiterada doctrina jurisprudencial en relación a la cual la existencia de un error en la apreciación de la prueba como motivo de apelación, solo podrá prosperar cuando examinada la resultancia probatoria, las inferencias o conclusiones obtenidas por el jugador sean ilógicas absurdas o irracionales, o cuando haya dejado de considerase como prueba objetiva alguna que las contradiga, y no es esta la situación que se produce en el supuesto enjuiciado, dada la valoración de la prueba efectuada por el juzgador según las reglas de la sana crítica.

Ahora bien, ello no impide dar validez probatoria a un informe médico pericial de parte, al cual se acude en numerosas ocasiones para conseguir un adecuado y pronto tratamiento en casos como el presente en que por ser de naturaleza civil no se prevea el reconocimiento por médico forense de la lesionada, máxime cuando ha habido parte amistoso y por tanto inexistencia de diligencias penales por el juzgado de instrucción correspondiente. Ello no exime de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica otorgándole el valor que se considere oportuno a la vista de su fundamentación y consistencia.

Así pues, deberá ser rechazado el recurso de apelación interpuesto, ya que a tenor de lo expuesto, se considera que el informe mas ajustado a derecho es el del perito D. Serafin, por ser quien siguió la evolución de la actora desde el principio y procedió a emitirlo, una vez finalizado el tratamiento rehabilitador prescrito y se obtuvo la estabilización de las lesiones padecidas, razonando además los motivos de valorar la secuela funcional, consistente en síndrome postraumático cervical en tres puntos, por la intensidad del mismo, y en consecuencia la puntuación reclamada por la actora es la adecuada, y sin perjuicio de que el impacto de los vehículos no fuera de gran intensidad, pues ello no es necesario siempre para que se produzcan dichas lesiones; y por todo ello, en modo alguno se aprecia el error en la apreciación de la prueba invocado.

Pues bien, en el presente caso el informe emitido por D. Serafin, ha de aceptarse como correcto, por cuanto el diagnóstico que hace se apoya no solo en la exploración sino que el estudio radiográfico y va seguido de un tratamiento de rehabilitación, que aparece documentado, tras lo cual se da el alta estimando los días impeditivos y no impeditivos para lo cual ninguna incidencia tiene que vaya acompañado de baja laboral.

Segundo.- Por otra parte, debe ser igualmente desestimada la impugnación efectuada en lo referente a los gastos médicos y de rehabilitación objeto de reclamación, los cuales constan debidamente acreditados documentalmente y que por tanto se consideran justificados y que traen causa del accidente, debiendo ser considerados integrantes del tratamiento médico necesario y dispensado y por ello, en la medida en que resultan acreditados, según los documentos acompañados a la demanda, se debe reconocer el derecho a su reintegro; y en este sentido conforme ha sido indicado por reiterada jurisprudencia, cuando los gastos médicos han sido necesarios y las consultas médicas en efecto realizadas, como sucede en el caso que nos ocupa, para poder alcanzar la estabilización de las lesiones, los mismos deben ser sufragados, ya que ningún precepto legal ni doctrina jurisprudencial exime a la aseguradora del pago de los gastos médicos y de rehabilitación que traigan causa en el accidente, ni autoriza esa interpretación de la cobertura del seguro.

En este sentido, la doctrina jurisprudencial contenida entre muchas otras en la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2.011, que aunque referida a un tema de cambio normativo, establece sin duda la procedencia de incluir en la indemnización los gastos médicos producidos por el siniestro.

Pues bien, esta Sala comparte el criterio del juzgador de instancia, quien procede a la estimación íntegra de la demanda, incluyendo en la indemnización las cantidades reclamadas por gastos médicos y rehabilitación, pues si la sanidad pública en su informe inicial, parte de urgencias, remite al médico de cabecera, está indicando la necesidad de posterior control médico , y no es otra cosa la que hace la lesionada, pero acudiendo a un médico particular, ante la persistencia de las dolencias, opción que no impide ninguna norma y este médico le prescribe tratamiento rehabilitador, que sigue y que desde luego nada indica no fuera necesario para estabilizar su estado de salud.

Así las cosas, no puede afirmarse que no se haya demostrado la relación de causalidad entre el accidente, las lesiones sufridas la secuela y el tratamiento médico preciso para su curación y estabilización.


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